Lesgislación a salto de mata

Dice mucho de esta España nuestra que las cuestiones de Estado más sensibles, como la sucesión misma del jefe del Estado, no solo se haya dejado en la Constitución del 78 al posterior desarrollo de leyes orgánicas, sino que, en este caso, sea una norma ad'hoc para el caso de Jua Carlos y su hijo varón, que no primogénito, lejos de sentar una base para futuros procesos de esta índole. Pero ¿es esto necesario?

Si nos ceñimos a la Constitución, no. En otras palabras, según la carta magna, las Cortes no deberían entrar en el proceso de abdicación del rey, ya que tal prerrogativa es una cuestión puramente personal, como personal es su derecho de estirpe a ceñir la corona. Quiere esto decir dos cosas a bote pronto: primero que los poderes del momento pretenden sancionar al nuevo rey con una pátina de pseudodemocracia que lo legitime de algún modo. Se intuye aquí cierta mala conciencia, quizá por los antecedentes del padre para con el dictador que rigió los destinos de España durante cuatro decenios. 

En segundo lugar, esta intervención de los poderes públicos (en concreto varios ministerios del Gobierno) ha sido tildada de chapuza "exprés" por parte de buena parte de los juristas expertos en la materia, lo que da lugar a otra posible deducción: la abdicación no era un tema tan decidido desde hacía tanto tiempo. Tanto es así, que los servicios jurídicos de las instituciones implicadas se han embarcado en una carrera precipitada que, en algún momento del futuro reinado de Felipe VI, desmerecerá sus posibles logros a juicio de algunos. ¿Acaso no merece el primer rey de la democracia una llegada que se parezca menos al vestirse precipitado de dos adolescentes sorprendidos por los padres?

Lo que está claro es que el proceso está plagado de irregularidades que delatan una precipitación sospechosa. Motivaciones jurídicas para justificar la tramitación parlamentaria que se remonta al pasado remoto de los Borbones en vez de al ordenamiento democrático actual, el procedimiento ilegal en el senado, que votará en lectura única antes siquiera de recibir el texto del congreso, y el hecho de que vivimos una coyuntura especialmente difícil en nuestro país. Da la impresión de que nos quieren meter la aguja monárquica a toda prisa para que no nos enteremos del pinchazo, como por ejemplo que Leonor recibirá más de 100.000 euros al año de los presupuestos públicos en plena fiebre de malnutrición infantil (los segundos después de Rumanía).

Al parecer, nos quieren reconvertir de juancarlistas en felipistas a golpe de encuesta mediática y hecho institucional consumado, lo que nos recuerda la precipitación con la que se nos metió la corona en el paquete de la transición, como si una reflexión colectiva más pausada y un debate más sereno fuesen a poner en riesgo el proceso sucesorio en sí. No me cabe duda de que estas formas dan alas a los republicanos de bandera y remueven el cimiento del populismo antimonárquico, pero ya que los del lado de la alfombra roja no están por la labor de poner serenidad al asunto, apelaría a los de la otra banda para que dejemos de hacer el ridículo con la petición hueca de un referéndum, antes siquiera de acordar qué clase de república querríamos y cómo reordenar el desaguisado que es, a fecha de hoy, este país nuestro.